REDUCCIÓN DE RIESGOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 1.1. Ambiente y salud El acceso a los servicios básicos como el agua potable, la vivienda y los servicios de recolección de basuras, así como la protección contra los riegos ambientales provenientes de la contaminación del suelo, el agua y el aire, así como la preservación de un ambiente en equilibrio, son condiciones necesarias para una buena salud de la población. Quienes viven en condiciones de pobreza, les resulta común la marginación de los servicios básicos o su acceso en condiciones deterioradas, así como la exposición frecuente a contaminantes y otros riesgos ambientales, señalando diversos diagnósticos realizados que esta situación ocurre con mayor proporción en poblaciones rurales, áreas periféricas de centros urbanos industriales, comunidades indígenas y los estados del sur-sureste del país. Los Programas Nacionales de Salud, de Ambiente y de Desarrollo Social del actual gobierno plantean líneas de trabajo que convergen en la promoción de un desarrollo sustentable con entornos más saludables y el desarrollo de planes de acción que ayuden a superar rezagos y desigualdades en este campo. En la última década, la dotación de agua entubada y el drenaje mejoró en el país de 80 a 89% y de 65 a 78% de la población total, respectivamente, siendo menor el acceso a estos servicios en las áreas rurales con respecto a las urbanas, al tiempo que los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan las más bajas cifras de cobertura. El 12.6% de la población nacional no tiene acceso a agua potable y está en marcha un programa de reorganización de las fuentes de agua por cuencas hidráulicas, que persigue una mejor administración de su captación y almacenamiento mediante estrategias de recuperación de agua dulce, tratamiento de aguas residuales y la participación comunitaria en el ahorro. En materia de saneamiento básico y recolección de basura y otros desechos persisten rezagos, calculándose que se recolecta aproximadamente el 86% de la producida y sólo el 60% se deposita en forma adecuada, siendo el riesgo de generar fauna nociva, vectores y contaminar alimentos y fuentes naturales de agua. En el 5% de las tierras de cultivo todavía se utilizan como fertilizantes a los productos nitrogenados y los pesticidas en el 0.14%. Un tercio del territorio está formado por bosque y selva, siendo la deforestación de 700 mil hectáreas por año, que junto con los incendios y el cambio en el uso del suelo, han provocado que solamente se conserve el 55% de las selvas originales. La calidad del aire está afectada por emisiones de partículas, precursores del ozono, óxidos de nitrógeno, de dióxido de carbono y de dióxidos de sulfuro, provenientes de actividades industriales y de uso de gasolinas. Las normas nacionales de control de calidad de operación y monitoreo del aire están en proceso de ser actualizadas, llevando a cabo el Instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAT desde 2002 un programa de monitoreo atmosférico en 16 entidades del país y 21 ciudades, destacando 36 estaciones en el D.F. El PROAIRE es un instrumento de gestión para el mejoramiento de calidad de combustibles y la evaluación de contaminación atmosférica iniciado en 1970, que cubre actualmente al 50% de las entidades federativas. La emisión al ambiente de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables en diversos ecosistemas, ha llevado a un consenso nacional para disminuir su uso y eliminar su presencia del ambiente, con acciones para el control de dioxinas, furanos, hexaclorobenceno, bifenilos policlorados, plaguicidas organoclorados, mercurio, plomo, cromo, cadmio, compuestos tóxicos atmosféricos, hidrocarburos poliaromáticos, ozono y PM10. Estos dos últimos elementos son los contaminantes urbanos más importantes, luego de la eliminación del plomo de las gasolinas. El Valle de México tiene el aire más contaminado con 78% de los días del año 2003 en que excedió la concentración de ozono establecida, seguido por Guadalajara con 18%, mientras que en PM10 fueron el Valle de Toluca y Monterrey los de peor condición con 21% y 18%, respectivamente, de días que excedieron la norma, al tiempo que el Valle de México ha mejorado en este último indicador al disminuir en 30% la cantidad de días que excedió la norma en los últimos 6 años, sin embargo, ello continúa afectando la salud de la población expuesta. Para 2003 se encuentran expuestas a residuos de combustibles sólidos principalmente las áreas con mayor población rural debido a la combustión de biomasa de manera intradomiciliaria, siendo Oaxaca, Chiapas y Guerrero los estados más afectados. Desde 1999 está funcionando con la colaboración técnica de la OPS/OMS la Red Toxicológica Mexicana (RETOMEX) para el registro nacional de intoxicaciones y la vigilancia epidemiológica de riesgos ambientales sobre la salud, requiriendo de mejor articulación entre los actores nacionales y estatales para su consolidación. La COFEPRIS es el órgano encargado de la regulación y control de los riesgos para la salud presentes en el ambiente. Líneas de acción de la cooperación técnica: 2.1.1. Apoyar la formulación e implementación de políticas gubernamentales sobre la disposición conveniente de residuos, la dotación de agua limpia y el control de emisiones tóxicas, proveyendo a las instituciones nacionales asesorías técnicas especializadas e información estratégica sobre iniciativas internacionales y articulando esfuerzos con otras agencias y organismos técnicos especializados. 2.1.2. Fomentar alianzas interinstitucionales y estimular la participación comunitaria en proyectos sanitarios en el nivel local a través de la Red de Municipios Saludables, promoviendo intervenciones en espacios críticos a nivel local (en temas de agua, saneamiento, disposición de residuales y control de fauna nociva, principalmente) y el intercambio de información y experiencias entre municipios y comunidades. Principales contrapartes: En el desarrollo de la primera línea de acción, es muy importante trabajar de manera conjunta con las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional del Agua (CNA), además de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaría de Salud (SSA), apoyándose en organizaciones civiles y universidades para la capacitación de los recursos humanos y el desarrollo técnico para el manejo de riesgos. Para ejecutar la segunda línea de acción, el espacio de trabajo a privilegiar es la Red de Municipios Saludables que convoca a instancias de gobierno y de salud del nivel local, estatal y nacional, compartiendo tareas con otras agencias de cooperación e instituciones nacionales. 1.2. Inocuidad de los alimentos México tiene una participación activa en diversos mercados alimentarios del mundo, especialmente los de EUA y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), importando y exportando productos agropecuarios diversos, como carnes, granos, frutas y verduras. La diversidad de ecosistemas y condiciones de vida de la población, la organización y formas de la producción prevalentes, así como lo extendido del comercio y consumo de alimentos en pequeños negocios fijos y ambulantes, donde muchas veces son manipulados de manera antihigiénica, generan riesgos a la salud de la población mexicana y para el comercio internacional de los productos agroalimentarios producidos en el país. Aproximadamente 6,5 millones de personas enferman cada año por la acción de algún agente infeccioso o parasitario, estimándose que dos tercios de esa cantidad se debió a enfermedades de transmisión alimentaria (ETAs), lo que significa más de 4 millones de casos, que junto al riesgo de los animales de padecer enfermedades que merman la calidad de su producción, obligan a sostener un sistema de inspección que se reconoce no cubre a todos los establecimientos y no alcanza los estándares de exigencia recomendados (p.ej.: de los 1,730 mataderos de bovinos del país, menos de 50 reciben inspección federal del tipo TIF, que satisface a los más altos niveles internacionales). Los esfuerzos de los últimos años se han orientado a fortalecer la normatividad vigente y la interacción entre los sectores de salud y agricultura, para atender en forma integral los requerimientos de inocuidad de los alimentos desde la producción primaria hasta el consumo, reconociéndose la necesidad de aumentar la producción “limpia” de alimentos para satisfacer las necesidades de consumo y aprovechar las oportunidades del mercado internacional, en el marco de los acuerdos comerciales que el país ha signado. Líneas de acción de la cooperación técnica: 1.2.1.Apoyar en la formulación e implementación de reglamentos, normas y prácticas de inocuidad de alimentos, a través del intercambio de experiencias con otros países y facilitando el acceso a información técnica y la reglamentación sanitaria internacional. 1.2.2. Contribuir a la articulación de recursos intersectoriales para llevar a cabo intervenciones integrales que incluyan a la producción limpia de alimentos, actuando conjuntamente con organismos internacionales, principalmente del sistema de NU y de la OEA, en los espacios nacionales de diálogo y apoyando a las instituciones de los diferentes sectores de la economía en la formulación de agendas de trabajo conjuntas, formar alianzas y formalizar acuerdos de trabajo. Principales contrapartes: Para lograr el mejor impacto COFEPRIS es una institución clave. Se requiere que las agencias y organismos de cooperación técnica internacional trabajen de manera conjunta con la SEMARNAT, SAGARPA y las instancias de Regulación Sanitaria y de Vigilancia Epidemiológica de la SSA, además de la industria de productores y distribuidores de alimentos.
Encuestas nacionales desarrolladas en los últimos años han caracterizado los problemas de nutrición prevalentes en el país. El 7.5% de los menores de cinco años tienen bajo peso para su edad y entre 40 y 70% de estos menores tienen deficiencias de ácido ascórbico y riboflavina, de 20 a 72% tienen deficiencias de retinol y 25% de zinc. El 27% de los mexicanos padece de anemia, siendo en los menores de 5 años de áreas rural 6% mayor con respecto a la urbana, diferencia que aumenta a 10% entre el norte urbano y el sur rural. En los niños de 5 a 11 años la anemia es más común en el norte del país (23.8%) que en el sur (21.6%). El 92% de los menores de un año han sido amamantados alguna vez y la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses es del 20%. Para los menores de cinco años, la prevalencia de bajo peso es 7.5%, desmedro 17.7% y emaciación 2%, mientras que en los de preescolares el indicador de bajo peso para la talla es de 5.5% y en los escolares de 9.5%. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en preescolares es del 5.5% (indicador peso para la talla) y de 4.1 % (indicador peso para la edad). Para los escolares es de 9.5% (peso para la talla) y de 27.2% (IMC tablas NCHS), 18.8% (IMC tablas francesas) y para mujeres en edad reproductiva por IMC, 30.6% el sobrepeso y 21.2% la obesidad. Con base en esta realidad, varias Secretarías de Estado (SSA, SEDESOL, DIF, SE y SAGARPA), gobiernos estatales y municipales, así como organizaciones de la sociedad civil, convergen en la aplicación de programas y acciones diversas, mayormente enfocados a atender las carencias y el déficit nutricional, en cuatro áreas principales: la producción de alimentos, la promoción de mejores hábitos alimentarios, la vigilancia de la nutrición y la dotación complementaria de alimentos y micronutrientes para grupos específicos de población. Sin embargo, no se tiene una buena articulación entre los programas y acciones desarrolladas por las instituciones y los gobiernos subnacionales, generando duplicidades o vacíos que conviene sean corregidos para lograr mayor eficacia e impacto sobre los problemas nutricionales, particularmente de la población vulnerable. Asimismo, faltan espacios de intercambio y puestas de acuerdo entre los actores diversos vinculados al tema nutricional: productores, distribuidores y expendedores de alimentos, instancias reguladoras, investigadores y profesionales de la salud, entre los más relevantes. Un nuevo espacio para la CT lo constituye el apoyo a los proyectos de Comunidades Productivas por la Seguridad Alimentaria, que enfatiza la construcción de alianzas estratégicas para mejorar las condiciones de nutrición, con énfasis en los grupos de niños y mujeres en edad reproductiva de poblaciones marginadas. En el presente año, comenzó a funcionar en el país el Grupo Interagencial de Seguridad Alimentaria de las agencias de Naciones Unidas, que impulsa una mayor integralidad en el abordaje de los problemas nutricionales y facilita la acción conjunta con las instituciones del gobierno. Líneas de acción de la cooperación técnica: 1.3.1.Promover la generación y difusión de conocimientos y el fomento de Intervenciones intersectoriales en nutrición y suplementación alimentaria, por medio de alianzas estratégicas entre los productores y distribuidores de alimentos junto con las instituciones y grupos de profesionales de la salud que trabajan para promover buenas prácticas nutricionales y en la vigilancia del crecimiento y desarrollo. 1.3.2. Promover y apoyar proyectos de comunidades productivas, enfatizando la producción de alimentos para el autoconsumo familiar en especial en áreas rurales e indígenas. 1.3.3. Promover proyectos y estudios sobre el estado nutricional de madres y niños, considerando la vigilancia nutricional además de evaluar el impacto de intervenciones como el apoyo alimentario. Principales contrapartes: Un espacio relevante para impulsar la SAN es la red nacional y las redes estatales de municipios saludables, mediante el desarrollo de proyectos de municipios y comunidades productivas, que integren la participación de las dependencias públicas y privadas con la comunidad organizada. En el plano nacional, los Institutos Nacionales de Salud Pública y de Nutrición de la SSA, son los referentes de excelencia para la generación de conocimiento y dar soporte técnico a las estrategias de intervención que implementan otras Secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales y la sociedad civil. 1.4. Prevención y mitigación de las emergencias y desastres México enfrenta al año un número considerable de desastres por fenómenos naturales, como huracanes y lluvias intensas que ocasionan inundaciones y deslizamientos, con ocurrencia también de sismos y erupciones volcánicas. La SSA y otras instituciones del sistema de Protección Civil tienen experiencias en la prevención, mitigación e intervenciones en situaciones de desastres naturales, contando con instrumentos y capacidades que le permiten reaccionar con rapidez para controlar los riesgos y atender las demandas incidentales. La experiencia nacional acumulada ha servido para cooperar con países de la región centroamericana y de otras latitudes en emergencias y contribuir a las respuestas organizadas, lo que generalmente se hace por la vía bilateral, aunque también se coordinan esfuerzos con organizaciones de cooperación multilateral como la OPS/OMS. En el Instituto Nacional de Salud Pública, con participación de otras instituciones, se desarrollan cursos de capacitación en preparativos para desastres a funcionarios, directivos y técnicos de los países, promovidos y financiados parcialmente por la OPS/OMS, la Cruz Roja y otras organizaciones de cooperación. Hay experiencias de vanguardia en la definición de estándares de hospitales y de otros establecimientos de salud preparados para desastres y también en las prácticas de comunicación social e información a la población. Es conveniente que las instituciones formadoras de recursos humanos, mantengan la capacitación de personal de acuerdo a las necesidades identificadas, con énfasis en la prevención de los efectos de los desastres en la población, para fortalecer el desarrollo de los programas nacionales, formar redes de personal altamente capacitado para otorgar una respuesta rápida, con habilidades para la toma de decisión en situación de crisis. En este sentido se podrá apoyar en la formación de personal que evalúe se cumpla con lo establecido en la normatividad vigente en esa materia, esto es en la certificación del personal que proporciona la atención pre-hospitalaria. Otras áreas vinculadas al tema de preparativos para desastres donde el país requiere avanzar más son: incluir en las normas y en los lineamientos de atención y de organización de los establecimientos de salud criterios que mitiguen el impacto de las emergencias y los desastres en salud; sostener esfuerzos de preparación y capacitación a los directivos y técnicos de los niveles subnacionales (estatal, municipal y local); así como mejorar la organización y los procedimientos de atención pre-hospitalaria y de los servicios de emergencia, tema este último en que se trabaja en la adaptación al país de la guía de atención esencial al trauma promovida por la OMS. En relación con el compromiso de poner atención sobre la conveniencia de trabajo conjunto de las instituciones del país en respuesta a peticiones para el apoyo de terceros países en casos de emergencia, se solicita agregar: “que es necesario participar y definir el procedimiento para definir que, como, cuando y donde se requiere el apoyo y en que participaría México, a fin de evitar dispendio de recursos” 1.4.1. Apoyar la formación de personal para que las instituciones mejoren sus capacidades de preparación y mitigación de daños causados por desastres naturales. 1.4.2. Fomentar la adopción de mejores estándares de atención en los servicios de emergencias y en la atención pre-hospitalaria. Principales contrapartes: Se trabajará con el conjunto de instituciones que forman el sistema de protección civil del país, en especial con las dependencias de la SSA, así como apoyar las gestiones nacionales para una mejor coordinación entre el sector salud y otras agencias y organizaciones de cooperación técnica, articulando acciones con Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el CENAPRED y la Cruz Roja. Se estará atento a la conveniencia de trabajo conjunto con las instituciones del país en respuesta a pedidos de apoyo de terceros países en casos de emergencias. 1.5. Salud familiar y comunitaria. Atención integral del niño, el adolescente y el adulto mayor La etapa del ciclo de vida en que se encuentran las personas impone desafíos particulares para la procuración de una mejor salud, siendo conveniente que los programas sanitarios organicen su ejecutoria reconociendo y tratando los problemas peculiares de cada etapa. En octubre de 2003 la SSA puso oficialmente en marcha la estrategia “Prevención y Promoción de la Salud durante la Línea de Vida”, dirigida a asegurar que en las unidades médicas de primer nivel de atención se otorgue un conjunto de servicios para prevenir enfermedades y promover la salud de las personas, según la edad y el sexo de cada quien, a otorgarse independientemente del motivo de consulta. El instrumento medular de esta estrategia es el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud, documento que se entrega gratuito a la población según el grupo que corresponda: Cartilla Nacional de Vacunación para niñas, niños y adolescentes de cero a 19 años; Cartilla Nacional de Salud para la Mujer de 20 a 59 años y para los hombres de 20 a 59 años; y para el Adulto Mayor de 60 años y más. En el marco de la cooperación técnica de la OPS/OMS con el país, se reconoce como prioridad de trabajo a los grupos de niñas y niños menores de 9 años, las y los adolescentes y los adultos mayores, junto con las mujeres jóvenes y adultas. La mortalidad infantil mantuvo una tendencia a disminuir durante la última década, estimándose en el 2003 en 20.5 defunciones en menores de un año por cada 1000 n.v. estimados, correspondiendo a los estados del sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) las mayores cifras registradas, habiendo subregistro del dato que es diferente según los estados. Su componente más importante (60%) es la mortalidad neonatal relacionada principalmente con la falta de atención prenatal, el bajo peso al nacer y los partos antes de las 34 semanas de gestación. Cerca del 75% de las muertes neonatales ocurren durante la primera semana de vida y la tercera parte antes que el recién nacido cumpla 24 horas de vida, principalmente por problemas respiratorios y por anomalías congénitas. La mortalidad registrada en menores de 5 años está disminuyendo, siendo para 2003 de 37 por 10 000 niños y niñas de esa edad, con gran abatimiento de las muertes por enfermedades diarreicas y respiratorias en los últimos años. De las muertes registradas, al menos el 20% son resultado del llamado rezago epidemiológico. Las sostenidas reducciones de la mortalidad y la morbilidad por infecciones en las y los niños se explican por las mejoras de acceso al agua potable, las mejoras en la educación, las altas coberturas de vacunación, el uso de la rehidratación oral, el suministro de antiparasitarios y vitamina A durante las semanas de salud y el mayor acceso general a servicios de salud, persistiendo diferencias entre los estados que deben tomarse con cautela por los subregistros existentes, asociadas a las malas condiciones de vida y el pobre desarrollo social, siendo los estados de sur-sureste y algunos del centro del país los que mantienen cifras más elevadas. Un esfuerzo importante de la SSA para mejorar la atención al menor de 2 años es la puesta en marcha el programa “Arranque Parejo en la Vida” que está concentrando recursos en las zonas de mayor rezago. La población adolescente representa el 21.8 % de la población y para el 2015 formarán parte de la fuerza laboral más cuantiosa en la historia del país. La escolaridad promedio varía de 3 años en mujeres rurales a 9 años en los jóvenes urbanos, sólo 54% asiste a la escuela y al cumplir 19 años 83% la ha abandonado. Las y los adolescentes manifiestan como grupo problemas y necesidades que se constituyen en nuevos desafíos para el sistema de salud: en promedio inician la vida sexual activa (VSA) a los 16 años y el embarazo en ellos representa casi el 20% del total; los accidentes constituyen la primer causa de muerte en el grupo de 5 a 19 años y el suicidio se ha poco más que duplicado en mujeres de 11 a 20 años desde 1990; está aumentado la proporción que se inicia en el consumo y la adicción al tabaco, alcohol y drogas, que junto con las enfermedades de transmisión sexual representan importantes riesgos a la salud en esta población. El aumento de la esperanza de vida plantea nuevos retos al sistema de salud para mantener a una población de adultos mayores con una buena calidad de vida y atender a la demanda de servicios que les es propia. Nuevas estrategias de atención deben ser desarrolladas, considerando que aumenta el número de quienes viven solos, situación que junto con las demencias y las depresiones de la tercera edad, plantean problemas que la oferta de internación no resuelve, habiendo necesidad de cuidadores convencionales y no convencionales (familias, amigos, etc.) que asistidos por profesionales de salud, puedan brindar apoyo domiciliar y comunitario junto con las redes de vecinos, para que los adultos mayores vivan en forma autónoma en la comunidad. En 1999 se publicó la NOM de Atención al Envejecimiento, a ser aplicada en los servicios de salud. Líneas de acción de la cooperación técnica: 1.5.1. Dar seguimiento y apoyar las estrategias nacionales para el cumplimiento de los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio relacionadas con las y los niños, adolescentes y jóvenes, actuando conjuntamente con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas en el reforzamiento de la respuesta nacional. 1.5.2. Apoyar la formulación e implementación de estrategias de promoción de la salud, activación física, lucha contra el sedentarismo, la obesidad y las adicciones, facilitando el conocimiento y aplicación de experiencias exitosas y promoviendo el intercambio con países que tienen un nivel de desarrollo socioeconómico y condiciones similares a las mexicanas. 1.5.3. Promover cambios en las instituciones de salud para la prestación de servicios clínicos y en la comunidad al adulto mayor, apoyando el fortalecimiento de redes sociales y contribuyendo a la aplicación de modelos que favorezcan la atención integrada a este grupo de población. 1.5.4. Promover la salud de los adolescentes, a través del fortalecimiento del marco técnico y normativo, así como la capacitación de los prestadores de servicios. 1.5.5. Promover investigaciones que ayuden en la implementación de estrategias para la promoción de la salud. 1.5.6. Estimular la aplicación de modelos que favorezcan la promoción de factores protectores de la salud y la atención integrada, facilitando el intercambio de experiencias exitosas con otros países de la Región. Principales contrapartes: El espectro de actores nacionales y locales con quien trabajar estas líneas de acción es muy amplio e involucra, además de la SSA en su carácter de rector del sistema de salud, a los diferentes prestadores de servicios públicos de salud, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Atención a la Población Adulta Mayor (INAPAM) y ONGs diversas que desarrollan su trabajo según ciclo de vida. Importante también es el trabajo articulado con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, particularmente UNICEF y UNFPA. 1.6. Reducción de la violencia familiar, los accidentes y las lesiones Entre los años 2000 y 2003 la tasa de muertes por lesiones en México disminuyó discretamente. De 58.7 a 56.9 por 100 000 habitantes, pasando del octavo al séptimo lugar como causa de muerte general, siendo los hombres quienes en mayor proporción mueren (tasa de 92.2 vs. 23.5 en 2002), aunque aumentó ligeramente la tasa en las mujeres (22.6 a 23.5). Los accidentes de tráfico y los suicidios fueron los tipos de lesiones que incrementaron su tasa de mortalidad en el período, evidenciando la necesidad de priorizar el trabajo para su reducción. Una causa importante de lesiones, no bien contabilizada, es la violencia familiar, la cual atraviesa fronteras raciales, religiosas, educativas y socioeconómicas. En los últimos años diversas encuestas han arrojado evidencias sobre la magnitud de este problema. Se estima que un tercio de las familias mexicanas ha vivido situaciones de violencia, siendo las víctimas principales las mujeres, los niños, los adultos mayores y los discapacitados. De las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, el 47% reportó algún incidente de violencia emocional, física, económica o sexual en los últimos doce meses. Las usuarias de servicios de salud reportaron en más de 20% que padecieron de violencia de su pareja actual. La respuesta nacional a los problemas de lesiones y situaciones de violencia ha generado alianzas y agrupaciones diversas entre instituciones de gobiernos, de la sociedad civil y de Naciones Unidas, según el abordaje adoptado: desde la perspectiva de género, privilegiando los derechos y la protección de la mujer; desde el enfoque familiar, enfatizando en la protección de los niños, las mujeres y adultos mayores; y contra los accidentes de tráfico, trabajando en su prevención y la reducción de sus consecuencias sobre las personas. La Secretaría de Salud participa activamente en los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales para reducir las lesiones de todo tipo y retomando la iniciativa global de la OMS, convocó a la elaboración del Informe Nacional sobre la Violencia y la Salud, que debe fijar pautas para una mejor respuesta a esta problemática. Un caso de violencia que en los últimos años ha conmocionado la opinión nacional son las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que recibe una atención especial desde la Presidencia de la República. Líneas de acción de la cooperación técnica: 1.6.1. Reforzar capacidades para la formulación y aplicación de leyes, reglamentos y normas por las instituciones públicas nacionales y los gobiernos subnacionales, trabajando con múltiples actores para la formulación de agendas, articulación de esfuerzos y en labores de abogacía y cabildeo para la instrumentación de medidas que reduzcan las lesiones de todo tipo. 1.6.2 Producir y divulgar conocimientos sobre la situación y medidas para la reducción de los accidentes y lesiones. 1.6.3.Apoyar intervenciones integradas contra la violencia intrafamiliar y medir los avances con indicadores de dominio público, propiciando la formación de redes sociales. Principales contrapartes: La instrumentación de estas líneas obliga a considerar a los numerosos actores involucrados, pero se concentrarán los esfuerzos y recursos de la cooperación de OPS/OMS en el trabajo con las instituciones nacionales, privilegiadamente con la SSA, buscando desarrollar la perspectiva de salud pública en el abordaje y la atención a las lesiones de todo tipo. El Grupo Interagencial de Género de Naciones Unidas es el espacio para la articulación entre las agencias de cooperación en la labor por la reducción de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, línea de acción donde el apoyo al trabajo en redes entre las organizaciones de gobierno y la sociedad civil es relevante de continuar profundizándolo. 1.7. Salud mental Existe una brecha importante entre las necesidades de la población en salud mental y los servicios para satisfacerlas, evidenciado en el estudio de Salud Mental 2000 de la OMS, que encontró en México que 12.2% de población urbana entre 18 y 65 años padecía de algún trastorno mental, correspondiendo 3.7% al tipo severo, 3.6% moderado y 4.9 leve. Los principales problemas hallados fueron: la depresión en las mujeres y el consumo de alcohol en los hombres. Se detectó que una de cada diez personas con trastorno mental severo acude a alguna instancia de salud y que de estos, sólo la mitad recibe atención especializada, cifra que disminuye aun más en cuanto a la adhesión al tratamiento. Las autoridades nacionales de salud han reconocido la necesidad de mejorar la calidad de la atención en los hospitales psiquiátricos y transformar su estructura para hacerla más humana y respetuosa de los derechos de los pacientes internados, persiguiendo su recuperación y posterior inserción en la vida social plena. En 2004 la OPS/OMS concluyó una evaluación de los servicios de salud mental, realizada a solicitud de las autoridades nacionales de salud, que entre sus recomendaciones principales establece la necesidad de integrar la salud mental al sistema general de salud, particularmente en el nivel primario de atención; avanzar progresivamente en opciones de hospitalización parcial y domiciliaria, promoviendo redes comunitarias de apoyo a los enfermos; y crear servicios de psiquiatría en los hospitales generales, sin ampliar el número de camas para internación, aunque sí mejor distribuidas. Estas recomendaciones sirvieron para tomar la decisión de impulsar una Reforma Psiquiátrica, que promoverá cambios importantes en esta esfera y se ha solicitado a la OPS/OMS que coopere técnicamente en este esfuerzo. Líneas de acción de la cooperación técnica: 1.7.1. Promover la inclusión de la salud mental en las políticas de salud con visión de servicios basados en la comunidad y respeto a los derechos de las personas con padecimientos mentales, estimulando la formación de redes sociales de apoyo y contribuyendo a la difusión de nuevos modelos de atención de la salud mental. 1.7.2. Propiciar la coordinación intersectorial e interinstitucional para el abordaje de los problemas de salud mental, incluyendo la actualización curricular de los planes de estudio de personal médico, de psicología, de enfermería y trabajo social, trabajando conjuntamente con las autoridades de salud, instituciones académicas y la sociedad civil organizada para transformar la atención. Principales contrapartes: La labor de cooperación en este campo tendrá un componente importante de trabajo con la autoridad nacional de salud, a través del Consejo Nacional de Salud Mental, pero tomará en cuenta a los numerosos actores institucionales y de la sociedad civil interesados en impulsar una política nacional de salud mental, que enfatice lo comunitario en la respuesta a la problemática actual. En el marco de Naciones Unidas, la salud mental está siendo abordada en el Grupo Interagencial de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 1.8. Lucha contra las adicciones Las adicciones constituyen un problema de Salud Pública, jerarquizando la Secretaría de Salud como problemas principales el consumo de tabaco, de alcohol y de drogas ilícitas. El consumo de tabaco está aumentado en la población con su secuela de impacto negativo en la salud de los mexicanos, considerándosele responsable del 11% de las defunciones totales. Entre 1988 y 1998 la cifra de mujeres que fuman se incrementó, pasando la razón de hombres a mujeres que fuman de 4:1 a 2:1, mientras que en 2002 se observó que la edad de inicio del consumo ha disminuido paulatinamente, siendo la prevalencia del tabaquismo en adolescentes más alta en las zonas urbanas que en las rurales y mayor en los hombres que en las mujeres. El uso de drogas alguna vez en la vida identificado en personas entre 12 y 65 años en 2002 era del 5% de la población mexicana, mientras que el consumo en el último año alcanzó el 1,3%, siendo la relación hombre a mujer de 4:1. El alcohol se asocia a los accidentes, las lesiones por violencia, los homicidios, los suicidios y a la cirrosis, por lo que se está presente en dos de las cinco primeras causas de mortalidad. Se estima que el número de personas que padecen de alcoholismo y de otras adicciones ha aumentado y que la edad de inicio en el consumo y de abuso del alcohol ha disminuido, a lo que se debe sumar un importante consumo clandestino que puede hasta duplicar el per cápita identificado. También se ha observado en los últimos años un aumento de las lesiones intencionales y la violencia intrafamiliar asociada a su consumo. México fue el primer país de la Región en ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco, se han implementado iniciativas para el control y la regulación de la publicidad y venta del tabaco, se desarrollan acciones para la disminución de su consumo, como la promoción de espacios libres de humo y se han creado las clínicas antitabaco para quienes desean dejar el hábito. Las instituciones de salud, particularmente el INSP, realizan estudios diversos sobre el consumo de tabaco que sirven para conocer mejor la situación, medir los cambios y decidir las acciones para el control y reducción de la prevalencia de este riesgo. En respuesta al problema de consumo de alcohol y drogas, los Centros de Integración Juvenil han incorporado estos temas a su quehacer y los grupos de Alcohólicos Anónimos tienen fuerza en el país, con aproximadamente 13 300 en funcionamiento. Líneas de acción de la cooperación técnica: 1.8.1. Dar seguimiento a la aplicación de los contenidos del Convenio Marco para el Control del Tabaco, considerando que a otros países puede resultar útil el conocimiento de las experiencias mexicanas de aplicación de las medidas de control y los instrumentos de medición desarrollados en el país. 1.8.2. Estimular la formulación y aplicación de políticas, reglamentos y normas para ampliar la atención integral de las personas que padecen adicciones. 1.8.3. Generar conocimientos y evidencia científica sobre el alcoholismo como problema de salud, cooperando para la realización de estudios y en la organización de las respuestas. Principales contrapartes: En estos temas conviene que la cooperación de OPS/OMS mantenga relaciones con instituciones diversas, tal como está conformado el Consejo Nacional contra las Adicciones, considerando sostener contactos y dar apoyo a los investigadores y centros que trabajan la generación de conocimiento antropológico y social sobre las adicciones. |